ENSORDECIDOS: LA CIUDAD QUE YA NO CONOCE EL SILENCIO

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Por parte de: Danitza Sarango

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Son las siete de la mañana y Lima ya está despierta. El rugido de los buses, las bocinas impacientes de los conductores y el acelerador de una motocicleta se mezclan en una misma escena. En la avenida Abancay, una de las más transitadas de la capital, el tráfico avanza lentamente mientras el ruido parece moverse más rápido que los propios vehículos. Para miles de limeños, esta no es una situación extraordinaria: es el inicio de un día cualquiera.

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María, vecina del Cercado de Lima desde hace más de treinta años, observa la avenida desde la ventana de su departamento. Mientras intenta tomar el desayuno, una bocina interrumpe constantemente la conversación que mantiene con su nieta. “Antes podía abrir la ventana y escuchar tranquilidad. Ahora solo escucho motores”, comenta con resignación. Como ella, miles de ciudadanos conviven diariamente con una contaminación que no se ve, pero que afecta su bienestar físico y emocional.

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La contaminación sonora se ha convertido en uno de los problemas ambientales más persistentes de Lima. A diferencia de otros tipos de contaminación, sus efectos suelen pasar desapercibidos porque forman parte de la rutina urbana. Sin embargo, el ruido constante impacta directamente en la calidad de vida de las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la exposición prolongada a niveles elevados de ruido puede generar estrés, alteraciones del sueño, dificultades de concentración y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

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A medida que avanza la mañana, el flujo vehicular se intensifica. En los cruces más congestionados, los conductores utilizan la bocina como si fuera una extensión natural del vehículo. El sonido se multiplica entre buses, taxis, motocicletas y transporte informal. Pero el problema no termina en las pistas. En distintos distritos de la capital, vecinos denuncian constantemente el ruido generado por bares, discotecas, talleres mecánicos, actividades comerciales, espectáculos públicos e incluso campañas políticas que utilizan equipos de sonido de gran potencia en zonas residenciales.

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Detrás de esta problemática existe también una dimensión legal que muchas veces pasa desapercibida. La abogada especialista en derecho ambiental y administrativo, Danitza Sarango, consultada para esta investigación, explica que la contaminación sonora en el Perú está regulada por la Ley General del Ambiente – Ley N.° 28611, la cual reconoce el derecho de toda persona a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Asimismo, señala que el Decreto Supremo N.° 085-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, establece límites máximos permitidos según el tipo de zona y horario, con la finalidad de proteger la salud de la población y mejorar su calidad de vida.

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Sin embargo, la especialista advierte que el ruido excesivo no debe ser considerado únicamente una molestia vecinal. “La contaminación sonora no debe entenderse únicamente como una molestia vecinal, sino como una afectación ambiental que compromete derechos constitucionales vinculados a la salud, el descanso y la tranquilidad pública”, sostiene Sarango.

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La responsabilidad de controlar esta situación recae principalmente en las municipalidades. De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N.° 27972, los gobiernos locales tienen la obligación de fiscalizar establecimientos comerciales, atender denuncias ciudadanas, realizar mediciones acústicas mediante sonómetros certificados, supervisar licencias de funcionamiento e imponer sanciones cuando se superen los límites permitidos.

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No obstante, para muchos vecinos, la sensación es que la fiscalización resulta insuficiente. Las denuncias se acumulan mientras los problemas persisten durante meses o incluso años. Sobre este punto, Danitza Sarango es enfática: “La actuación municipal no constituye una facultad opcional, sino una obligación derivada del deber estatal de garantizar un ambiente sano y adecuado para la población”.

La especialista agrega que cuando una municipalidad tiene conocimiento de actividades que generan niveles excesivos de ruido y no adopta medidas razonables para corregirlas, podría configurarse una posible omisión administrativa. Esta inacción, explica, puede afectar derechos fundamentales como el derecho a la salud, al descanso, a la tranquilidad y a vivir en un ambiente equilibrado.

Las consecuencias no son únicamente jurídicas. También son humanas. El ruido constante mantiene al organismo en un estado permanente de alerta. Con el paso del tiempo aparecen la irritabilidad, el cansancio y la dificultad para concentrarse. Dormir se vuelve más complicado. Descansar se convierte en un desafío cotidiano.

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Diversos estudios sobre contaminación sonora señalan que la exposición prolongada al ruido puede provocar estrés crónico, ansiedad, trastornos del sueño, dolores de cabeza frecuentes, fatiga física y mental, elevación de la presión arterial y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. También puede afectar la memoria, la concentración y el rendimiento académico o laboral. En una ciudad donde millones de personas pasan horas atrapadas en el tráfico o expuestas a altos niveles de ruido, los efectos terminan acumulándose silenciosamente.

Paradójicamente, el problema es tan frecuente que muchos han dejado de percibirlo como una amenaza. Se ha normalizado. Se ha convertido en parte del paisaje urbano de Lima.

Al caer la noche, la ciudad continúa sonando. Aunque disminuye el tránsito vehicular, otros sonidos ocupan su lugar. Sirenas, motocicletas, música proveniente de establecimientos nocturnos y actividades comerciales siguen acompañando a quienes intentan descansar. María vuelve a cerrar las ventanas de su departamento antes de acostarse. El ruido disminuye ligeramente, pero nunca desaparece por completo.

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“Uno termina acostumbrándose”, dice antes de apagar la luz.

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Quizás ahí radica el verdadero peligro. La contaminación sonora no solo ha logrado instalarse en las calles de Lima; también se ha instalado en la normalidad de sus habitantes. Una ciudad que se acostumbra al ruido corre el riesgo de dejar de cuestionarlo. Y cuando el ruido deja de percibirse como un problema, la negligencia institucional encuentra el escenario perfecto para mantenerse en silencio.

Como advierte la abogada Danitza Sarango, la contaminación sonora ya no puede ser considerada un problema menor ni exclusivamente vecinal. Se trata de una afectación ambiental y sanitaria que exige una intervención efectiva por parte de las autoridades. Mientras las normas existen y los ciudadanos continúan presentando denuncias, miles de limeños siguen viviendo entre bocinas, motores y parlantes que invaden su día a día.

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El desafío ya no consiste únicamente en reducir los decibeles. El verdadero reto es reconocer que el silencio también forma parte del derecho a una vida digna. Porque en una ciudad donde el ruido parece no tener fin, el descanso, la tranquilidad y la salud también merecen ser escuchados.

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Fuentes

• Entrevista propia a Danitza Sarango, abogada especialista en Derecho Ambiental y Administrativo.

• Ley General del Ambiente – Ley N.° 28611.

• Decreto Supremo N.° 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

• Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N.° 27972.

• Organización Mundial de la Salud (OMS), efectos de la contaminación sonora sobre la salud.